Según señaló el Instituto Nacional del Consumo, los usuarios de teléfonos móviles que no estén de acuerdo con las nuevas tarifas que han anunciado las operadoras podrán rescindir su contrato sin penalización alguna. Además, la nueva legislación obliga a las operadoras a notificar, con un mes de antelación, las nuevas tarifas a sus usuarios. De igual forma, no procederá imponer penalización alguna al usuario a través de las tan comunes cláusulas de permanencia, financiación del terminal, o portabilidad. Únicamente procederá esta penalización cuando el usuario haya impagado alguna factura y, de conformidad con el procedimiento al efecto, la operadora haya suspendido el servicio.